Parece increíble, pero los datos son ciertos. Un estudio internacional llevado adelante por la prestigiosa Universidad de Vanderbilt de EE.UU. y que en Uruguay contó con el apoyo de la consultora Cifra, reveló que uno de cada dos uruguayos aceptaría que se violente el orden jurídico para detener delincuentes, y un 36% admitiría nada menos que un golpe de Estado, para enfrentar un aumento del crimen.

Se sabía que el tema de la inseguridad pública ha trepado a lo más alto de las preocupaciones de los uruguayos. Incluso desde este mismo espacio se hacía ayer una ilustradora síntesis sobre las noticias que día tras día recibe el ciudadano promedio, y que dejan en claro cuánto se ha degradado la convivencia social por el aumento de la delincuencia. Pero nada hacía sospechar que en un país con una tradición democrática como el nuestro, y que hace tan solo un par de décadas tuvo que pasar por la traumática experiencia de un quiebre institucional, un porcentaje tan alto de la población podría dar esas respuestas.

Lo que este estudio deja en claro, es lo acertado de la preocupación que muchos han expresado sobre el tema de la delincuencia. Y lo peligroso de ciertas posiciones simplistas, que ven el mundo en blanco y negro, y que detectan detrás de cada alerta, una intención política o una demanda de violencia injustificada. Y estas posiciones, lamentablemente, parece que han enraizado fuerte nada menos que en el Ministerio del Interior, y se han mantenido saludables pese a los cambios de jerarcas.

Así, ante cada nuevo dato sobre el aumento del delito, o ante cada crítica sobre el rumbo que están tomando las autoridades en la materia, se responde con el agravio, la descalificación prepotente, o la denuncia de confabulaciones políticas. Se sigue con una visión causalista, romántica, y totalmente maniquea, de que lo que se busca es la represión por la represión misma, el “gatillo fácil”, o que se supediten todos los valores humanos a tutelar el “frívolo” derecho de propiedad. Como si quienes alertaran sobre la gravedad de la situación, no tomaran en consideración las variables económicas y sociales detrás del delito. Nada más lejos de la verdad.

Sucede que la experiencia enseña que cuando a una sociedad, el sistema legal y democrático, no le asegura un marco de garantías mínimas en el cual vivir en paz y desarrollarse económicamente, las consecuencias suelen ser las que revela este estudio. Que el ciudadano de a pie, que tiene que trabajar duramente para conseguir su sustento diario, y que no tiene tiempo para hundirse en profundas disquisiciones filosóficas sobre las causas de la delincuencia, cuando ve que el sistema no le responde, se empieza a impacientar y a aceptar soluciones radicales.

Tampoco es un tema de lucha de clases, entre los ricos materialistas que no quieren que les roben y piden mano dura, y los pobres que no tienen más remedio que delinquir para sobrevivir. Algo que asombrosamente quedó flotando hace unos meses con unas poco felices declaraciones del director del INDA, Uberfil Monzón, justificando el robo por necesidad, algo que nuestro Código Penal ya prevé.

No, los ricos son los que pueden darse el lujo de pagar seguridad privada, y toda la parafernalia que el mercado ha encontrado para suplir las carencias e ineficiencias de las autoridades en la materia. Son justamente los más humildes los que sufren las peores consecuencias de estos hechos. Y los que primeramente se van a volcar ante el primero que ofrezca soluciones drásticas y radicales para garantizarles el disfrute pleno y pacífico de su vida, y de los bienes materiales que con tanto esfuerzo se han ganado.

Todavía estamos a tiempo de encauzar esta situación. Si bien los datos son inquietantes, Uruguay sigue siendo un oasis democrático, en un continente azotado por problemas sociales dramáticos. Pero eso nos debería impulsar a ser más exigentes aún. A reclamar a las autoridades que no pueden seguir subvalorando la autenticidad del problema. Hablando de “sensaciones térmicas”, culpando a los medios, o creyendo que la gente es tan ignorante que no se da cuenta de cuáles son sus problemas reales.

En estos días se habla de reformas policiales, de cambios profundos en la organización del Ministerio del Interior, todo lo cual es de esperar que produzca los efectos deseados. Porque las consecuencias de seguir errando en este tema, están bien a la vista.

Fuente Original:

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