El 1 de enero de 2009 expiró el acuerdo entre el Gobierno libanés y los hospitales privados para la prestación de servicios médicos a docentes y empleados públicos. Desde esa fecha los hospitales privados se niegan a atender a los pacientes sin cobertura sanitaria al haber vencido el convenio, incluso en casos de extrema necesidad, como los de diálisis renal y cáncer. La decisión del gobierno de no renovar el convenio ante el aumento de la deuda nacional afecta a más de 300.000 docentes y trabajadores de las Administraciones Públicas.

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