Leyendo el periódico del País digital como todos los días me encontré con que estos últimos meses en las instituciones Educativas de Uruguay se han sucitado problemas graves de violencia entre alumnos, maestros y padres. Es un tema que como ya he dicho en otras oportunidades me preocupa muchísimo.
Pero esta vez, me pareció un disparate las posibles soluciones al tema que se han planteado por parte del Consejo de Educación Primaria. Cómo van a pensar siquiera en dar clases a los alumnos “problemáticos” en el centro educativo y a los restantes en una casa de familia.
Para el ex militar y experto en seguridad privada el delito crece y es una realidad instalada. Cierto tipo de delincuencia tiene el apoyo de la tecnología, y la más común, la de origen social, se siente alentada por la permisividad. Aceptar que un delivery ande en moto a contramano o circule un carro tirado por un caballo por la calle es abrir la posibilidad a otras tolerancias. Estima que la seguridad privada es un problema hacia adentro de las empresas o los hogares, pero señala que hacia afuera, la responsabilidad es del Estado.
Parece increíble, pero los datos son ciertos. Un estudio internacional llevado adelante por la prestigiosa Universidad de Vanderbilt de EE.UU. y que en Uruguay contó con el apoyo de la consultora Cifra, reveló que uno de cada dos uruguayos aceptaría que se violente el orden jurídico para detener delincuentes, y un 36% admitiría nada menos que un golpe de Estado, para enfrentar un aumento del crimen.
A continuación les dejo un sondeo realizado por la consultora Radar para el Programa Infancia y Familia (Infamilia) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que los dejará sumamente impactados por los resultados o datos obtenidos.